INTRODUCCION

Cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia.

The Lost Worlds of 2001 - Arthur C. Clarke


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viernes, 23 de mayo de 2014

administradores de fincas por el principio de precaucion en las instalacion de antenas

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      Consejo General de Colegios
Administradores de Fincas de España 



                 COMUNICADO DE PRENSA
 
 La nueva Ley de Telecomunicaciones es contraria a uno de los principios  fundamentales de un estado de derecho: la propiedad privada 

     LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS DICEN NO A LA
                   EXPROPIACIÓN DE TERRAZAS EN EDIFICIOS 

 
         La nueva Ley no recoge el principio de precaución ambiental  especificado en la Ley de Salud Pública, que obligaría a restringir la   instalación de antenas ante un posible peligro para la salud de los  ciudadanos.
         Los operadores pueden disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto  ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa.
         Los Administradores de Fincas ponen a disposición de los ciudadanos  sus conocimientos en la materia para que la aplicación de esta nueva  Ley se lleve a efecto con el máximo rigor y respeto a la propiedad  privada.
 


Madrid, 20 de Mayo 2014.- El Consejo General de Colegios de Administradores de  Fincas considera que la nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra uno de los principios básicos de un estado de derecho, como es  la propiedad privada, al posibilitar la expropiación forzosa de cubiertas y terrados de   edificios para servicios de comunicaciones electrónicas en el Capítulo II, sección 2a,  artículos 29 a 33, que regula el derecho de ocupación de la propiedad privada. En estos  artículos se da carta blanca a los operadores para que puedan disponer de estos  espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios  de impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa. Solo se requiere  un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora.
  Si se produce la expropiación de la cubierta, elemento común por naturaleza, sería  necesario un cambio del título constitutivo incompatible con los enunciados de la Ley  de Propiedad Horizontal. Estas lagunas legales, no previstas por la nueva Ley,   posibilitarían el que la comunidad de propietarios se oponga a la instalación alegando   razones de imprevisión que chocan con los enunciados de la Ley de Propiedad   Horizontal.

LA LEY DE TELECOMUNICACIONES COLISIONA                     CON LA LEY DE SALUD PÚBLICA

 

Los Administradores de Fincas Colegiados consideran que la nueva norma no recoge el  Principio de Precaución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de  Salud Pública, donde se establece que “la existencia de indicios fundados de una posible  afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica  sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la  actividad sobre la que concurran”. En un tema de salud pública tan controvertido como  es la instalación de antenas de telefonía en los edificios, no se entiende que la nueva  Ley de Telecomunicaciones no restringa su instalación ni regule el potencial peligro que  puede comportar para la salud de los ciudadanos.
Los Administradores de Fincas Colegiados consideran, igualmente, que es  incomprensible que la nueva Ley de Telecomunicaciones no valore otro riesgo que  asumen los propietarios de los edificios ante la instalación de este tipo de antenas, que  suponen un sobrepeso excesivo para la estructura del inmueble y que conducirá a un  deterioro no solo de los pisos más próximos a la cubierta, sino también de todo el  edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al  cableado eléctrico, que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia de
obligado cumplimiento normativo.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO GARANTE DE LOS

          DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
 
Por estas razones fundamentales, los Administradores de Fincas Colegiados han  solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que, como Alto Comisionado de  las Cortes Generales, denuncie en el Parlamento este articulado de la nueva Ley General  de Telecomunicaciones que viola el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos  españoles.
Los Administradores de Fincas Colegiados consideran, en palabras de Ana Bozalongo,  miembro de la Comisión de Legislación y Mediación del Consejo General –CGCAFE-,  “que no debería de bastar con la mera declaración formal de utilidad pública o interés  social para llevar a cabo la privación coactiva de un elemento común del edificio. La
utilidad pública no es una caja de pandora que sirva para privar a los copropietarios del  terrado de su finca sin atender, siquiera, al espacio de ocupación que resultaría  tolerable, es decir, el uso mínimo sin perdida absoluta de la propiedad”.
Para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, “los Administradores de Fincas Colegiados  defenderán no solo los intereses de los propietarios cuyos edificios administran para  que, si surge esta petición de un operador se cumpla el procedimiento legal de forma  taxativa, controlando si su edificio puede o no ser ocupado en base a esta nueva Ley  de Telecomunicaciones, sino que pondremos a disposición de todos los ciudadanos  nuestros conocimientos en la materia para que la aplicación de esta nueva Ley de  Telecomunicaciones se lleve a efecto con el máximo rigor y respeto a la propiedad privada”.


Para más información:
Dolores Lagar Trigo
Gabinete de Comunicación CGCAFE
Pza. Marqués de Salamanca, 10. 3o Izda.
Tel.: 91 575 73 69 – 646854280
comunicacion@cgcafe.org
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